Escrito por P. José María Rojo García

Quienes vivimos en los cerros de Lima Sur (igual sucede en las otras latitudes de la gran Lima) o quienes convivimos con los moradores de esos lugares, hace mucho tiempo estamos cabezones ante la repetición –una y mil veces- de lo que sucede cuando aparece un nuevo asentamiento humano. Basta que haya un pequeño caudillo con un leguleyo junto a él para que “formalmente” aparezca un nuevo asentamiento. Claro, quien no aparece es el/los traficante/s de terrenos que hay detrás. Conocíamos la reiterada postura de Gustavo Riofrío y lo vemos cada día con nuestros propios ojos: no hay ninguna política urbana y simplemente se permite que se arrastren todos los problemas malviviendo la gente bajo la “ilusión del techo propio”.

Respecto al tema, el presidente Vizcarra en su discurso por Fiestas Patrias no ha hecho más que repetir lo de siempre, con lo que seguiremos condenados a tener un monstruo de ciudad sin ninguna política urbana. En el diario La República del viernes 31 de Julio viene una columna de Marisa Glave que recoge genialmente el problema. No me resisto a copiarla entera.

Estado (in)formal

“Vizcarra 3: el último discurso” me ha decepcionado. No por la ausencia de un giro dramático en la coyuntura política, como logró con el anuncio del referéndum para la reforma política o la propuesta de adelanto de elecciones que movieron el piso de la clase política nacional. Sino por su entrega, absurda, al perverso discurso de la formalización de la propiedad urbana que en el fondo promueve la informalidad y legitima el tráfico de terrenos en nuestras ciudades.

Riofrío viene señalando por años que en nuestro país la ausencia de una política de vivienda social no es un descuido del Estado, sino una expresión clara de la voluntad política de nuestros gobernantes y de su desprecio por los sectores populares. Para ellas y ellos no hay planeamiento urbano, no hay ciudad y vivienda, lo que hay es terreno eriazo que deben ocupar como puedan, habilitar con lo que tengan y esperar por años, con paciencia, a que lleguen agua, desagüe y título. Recientemente Espinoza y Fort confirman que más del 90% de la expansión urbana es informal.

Calderón fue uno de los primeros que dijo en voz alta que las nuevas ocupaciones de suelo no tienen detrás actores sociales organizados que reclaman derecho a la vivienda y a la ciudad, sino ciudadanos abandonados a su suerte que caen en manos de traficantes de terrenos. Más que una gesta épica de conquista de derechos, se ha tornado en un esquema de capitalismo informal salvaje, para exprimir la plusvalía urbana futura, aprovechándose de la necesidad de millones de personas.

Estas mafias, que lucran con el justo anhelo de techo seguro, son un gran peligro para dirigentes de asentamientos humanos que buscan ordenar su hábitat, asegurar la prestación eficiente de servicios y proteger lomas costeras y áreas públicas. No creen en nadie, ocupan partes cada vez más inclinadas de las laderas, destruyen ecosistemas y aumentan riesgo por deslizamientos para quienes están en las partes bajas. Amenazan, corrompen y a veces matan a quienes se les oponen.

Presidente Vizcarra deje de hacer lo que se viene haciendo hace más de 20 años. No formalice la precariedad. Proponga una política de vivienda de verdad, que reconozca nuestro derecho a la ciudad en igualdad, trabajando de la mano con sectores populares. Cobremos plusvalías urbanas para frenar la especulación del valor del suelo y generar fondos para el desarrollo urbano”.

Quitémosle el “hierro político” y las acepciones personales que queramos. Centrémonos en lo esencial. Y esto es muy simple: no tenemos ninguna política urbana y menos una “política de vivienda social”. Lo único que logramos con ello –además de apoyar a los traficantes de terrenos- es acentuar y favorecer la concentración poblacional en Lima y un montón de consecuencias de todo tipo, negativas la inmensa mayoría.

Recientemente, el gobierno, para hacer llegar una ayuda social a causa del Covid-19 acude a la Iglesia y “sus voluntarios”, primero para “mapear” los barrios y luego para posibilitar la llegada de la ayuda ¿Es eso papel de la Iglesia? ¿Es eso lo primero y principal que ésta debe hacer? ¿No tendrá, más bien, que trabajar con los vecinos para que se organicen bien, para que coordinen y colaboren unos asentamientos con otros y exigir les llegue y bien lo que les corresponde en justicia? ¿Tiene la Iglesia que dar por buena, sin más, esa atomización de asentamientos humanos causada por la falta de una real política urbana?

Interesante el juego de palabras que sugiere M. Glave con el título, al llamar al Estado “(in)formal”. Acá lo informal se ha convertido en lo más formal, porque es lo normal, lo habitual, lo duradero. Y no estamos entrando a las consecuencias negativas de esa falta de política urbana y que ya es muy vieja (tiene más de los 20 años a los que alude la columna de Glave). Lo vimos y lo sufrimos en S. Gabriel (JC Mariátegui) -VMT- el año pasado cuando levantaron las calles con motivo de los Juegos Panamericanos. El caos del tráfico –por meses- fue descomunal porque, literalmente, no había ninguna avenida ni calle por donde desahogar… Y lo estamos sufriendo ahora cuando quieren colocar dos ollas comunes a 200 m porque son asentamientos distintos, por poner sólo dos ejemplos.



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