La pastoral penitenciaria, promovida por la Comisión de Acción Social (CEAS) de los obispos peruanos, continúa su servicio en tiempos de pandemia. Las restricciones no impiden que los voluntarios y capellanes entren a los centros penitenciarios y asistan a los huéspedes que, debido al COVID-19, padecen un doble sufrimiento: el estado de detención y la distancia de sus seres queridos.
Así lo revela el padre Enrique Gonzales, Secretario Ejecutivo de la CEAS, en una larga entrevista con la Agencia de la Conferencia Episcopal Peruana, publicada el pasado 2 de noviembre. “Nuestras cárceles son auténticas escuelas del crimen y no lugares de reinserción social”, dice.
El padre Gonzales añade que “las causas deben atribuirse al hacinamiento, a las precarias condiciones” en que se encuentran las prisiones, “a la falta de un trato digno de los huéspedes y, por último, al prejuicio generalizado de la opinión pública con respecto a las prisiones”. Y es que, tras la propagación de la pandemia, la situación se ha desplomado como en el resto del mundo.
El sacerdote continúa explicando que “la incapacidad de responder a las necesidades de los numerosos prisioneros los ha hecho más vulnerables”. Con el resultado de que “el número de contagiados ha sido muy alto” y, hasta ahora, han registrado 400 víctimas. Como resultado, se prohibieron las visitas y los detenidos ya no pudieron recibir alimentos y medicinas.
“El trabajo también se ha detenido”, continúa el Padre Gonzales. Ante un panorama desalentador, los agentes pastorales no se han dado por vencidos y han logrado “también gracias a su imaginación y espíritu de iniciativa” garantizar su presencia constante.
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