La Red Iglesias y Minería hizo un llamado a los gobiernos de América Latina -el pasado 11 de agosto- para “ratificar el Acuerdo Escazú y detener esta otra pandemia asesina, como es el extractivismo minero que está llevando al planeta al borde del colapso”.

“Como Iglesias compañeras de camino y lucha por la Defensa de la Casa Común, hemos sido testigos del sufrimiento, destrucción y muerte que provoca el extractivismo minero, tanto en nuestra región Latinoamericana como en el resto del mundo”, dice una nota publicada en el portal web de la Red Iglesias y Minería.

Según apunta, al igual que la pandemia del Covid-19, la minería está debilitando a los Estados en su capacidades de garantizar la vida de las personas, ya que al amparo de políticos y funcionarios corruptos han modificado las normas, leyes e instituciones para favorecer sus negocios y ganancias, a través de la corrupción y el control del Estado en materia ambiental y de impartición de justicia, para garantizar que sus crímenes permanezcan en la impunidad.

Un reciente informe de la organización Global Witness señala que la minería es la principal actividad que ha provocado el mayor número de asesinatos de defensores y defensoras ambientales en el mundo. Sin embargo, no existen muestras de los gobiernos por fortalecer internamente sus sistemas de control, su sistema judicial, los órganos de protección y el derecho de los pueblos a decidir sobre el presente y el futuro de sus comunidades, al permitir o rechazar proyectos de extracción minera en sus territorios.

“Frente a esto hemos sido testigos de dos hechos esperanzadores: la realización del Sínodo para la Amazonia y la posterior divulgación de la exhortación del Papa Francisco “Querida Amazonia” en cuyas declaraciones finales se afirma que los proyectos que destruyen la Casa Común, son “Un crimen” y “Un pecado Ecológico” y por ende deben ser juzgados como tales por sociedad, como por la Iglesia”, se lee en el comunicado de Iglesias y Minería.

Según esta red, un segundo hecho esperanzador es la firma del Acuerdo de Escazú (marzo de 2018 sobre “Justicia Ambiental”) de “vital importancia para nuestra región ya que se fundamenta en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 -el primer acuerdo en materia ambiental que tendría un carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para los Estados parte-. Tratado, que tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación, así como garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”

Para que el Acuerdo entre en Vigencia el 26 de septiembre de 2020 se requiere la ratificación del mismo por al menos 11 países, de los cuales hasta la fecha únicamente lo han ratificado nueve (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente & granadinas y Uruguay).

Fuente: CAAAP



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