PRONUNCIAMIENTO

Ante los graves hechos de corrupción promovidos por las empresas constructoras Odebrecht y Camargo Corrêa, y el terrible impacto de estos casos sobre nuestro país y sus instituciones, las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos al país para expresar que:

  1. La corrupción promovida por las empresas Odebrecht y Camargo Corrêa constituye el mayor caso de corrupción de la historia sudamericana. En Perú, es el proceso más grande después de la sistémica corrupción del período fujimorista. Pese a ello, el tipo de corrupción al que nos enfrentamos tiene un rasgo distinto a la de los noventa en Perú: esta vez no es el Estado el principal corruptor, sino la gran empresa privada: Odebrecht ha reconocido haber pagado coimas por, al menos, 29 millones de dólares entre los años 2005 y 2014, y se ha acreditado las mismas prácticas de Camargo Corrêa en años recientes. Sin embargo, ambas operan en Perú desde 1978. Por ello, exigimos que las investigaciones involucren todos estos períodos y no se direccionen políticamente solo sobre algunos personajes y gobiernos, como pretende hacerlo la Comisión Lava Jato del Congreso de la República.
  2. Demandamos que las investigaciones deriven en reformas que aborden los aspectos estructurales que han motivado y facilitado la corrupción, y han derivado en que hoy sea parte de una estrategia de inversión que pretende maximizar las ganancias privadas violentando los mecanismos institucionales, pervirtiendo al funcionariado público, acallando las voces críticas y reprimiendo toda acción ciudadana de vigilancia y cuestionamiento, como ocurre en el caso de los megaproyectos. En este sentido, las medidas a tomar rebasan los aspectos procesales y deben avanzar sobre cambios en el modelo económico, de promoción de la inversión y la desaparición de las asociaciones público-privado. El Estado debe responder a la ciudadanía y al interés público, y tomar distancia de los intereses particulares que lo han pervertido para delinquir y atentar contra los derechos fundamentales de las poblaciones más excluidas del crecimiento y desarrollo del país, ampliando las brechas y desigualdades.
  3. No toleramos más la impunidad. Históricamente, como sociedad hemos desarrollado cierta tolerancia a la corrupción, tal como lo evidencian importantes investigaciones académicas. Sin embargo, acontecimientos como los de Puente Piedra llaman la atención sobre el creciente hartazgo ciudadano y el desarrollo de una conciencia cada vez más amplia del impacto de la corrupción sobre nuestras vidas, escasos recursos y posibilidades de desarrollo. Por ello, demandamos al Ministerio Público que el proceso de investigación se lleve en forma ejemplar, a la Procuraduría Anticorrupción que defienda de manera absoluta los intereses del Estado que son los de todas y todos los peruanos, y al Poder Judicial que sancione ejemplarmente a todos los responsables, empezando por los ex-Presidentes de la República presumiblemente implicados. Tenemos el derecho y el deber de conocer las razones y el camino del latrocinio peruano.
  4. Alertamos a toda la ciudadanía de las presiones políticas sobre el proceso de investigación. Resulta escandaloso que el Congreso de la República -que desestimó la investigación de la Comisión Pari llevada a cabo por el Congreso anterior, y que encontró responsabilidad de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala en los hechos de corrupción de las empresas brasileñas- ahora pretenda obstaculizar la labor del Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción. No solo hay oportunismo político, sino también una voluntad expresa por desvirtuar y viciar la investigación. Nos mantendremos vigilantes para que los operadores de la corrupción en el Congreso y el sistema de justicia no vuelvan a engañarnos.
  5. Exigimos al gobierno que asuma su responsabilidad en la lucha contra la corrupción: es ahora o nunca. Es urgente el fortalecimiento del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría que tienen a su cargo estos casos. El Ejecutivo, y en especial el Presidente de la República, no pueden limitarse a “respetar los fueros de cada institución”: debe asumir su rol de garante de la soberanía nacional y los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos, y por ello respaldar y otorgar los recursos necesarios para que todas estas investigaciones culminen en un proceso judicial que sancione a todos los culpables, así como en reformas estructurales que sean realmente implementadas.

Convocamos a toda la ciudadanía, a las y los jóvenes, mujeres, trabajadores, a las fuerzas democráticas del país, a las organizaciones sociales, organizaciones políticas, colectivos y movimientos sociales a sumar esfuerzos y participar activamente en la lucha contra la corrupción. Es el momento de la voz de la calle, es el momento de la ciudadanía indignada.

Lima, 8 de febrero de 2017

COORDINADORA CONTRA LA CORRUPCIÓN – SUSCRIBEN:

Asociación Servicios Educativos Rurales – SER
Asociación Nacional de Centros – ANC
Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP
Asociación por la Vida y la Dignidad Humana – APORVIDHA
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP
Central General de Trabajadores del Perú – CGTP
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán
Centro de Investigación Social y Educación Popular Alternativa
Centro de Investigación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos – CIPEDEH
Centro de Desarrollo Étnico –  CEDET
Colectivo La Ruiz
Comisión de Derechos Humanos –  COMISEDH
Comisión de Justicia Social – Chimbote
Comisión Diocesana de Servicio Pastoral Social – CODISPAS
CONVOCA
Consejo de Estudiantes de la UARM
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS
Federación de Estudiantes de la PUCP – FEPUC
Federación Universitaria de San Marcos – FUSM
Federación Nacional de Trabajadores Telefónicos – FETRATEL
Foro Salud
Forum Solidaridad
Fomento de la Vida – FOVIDA
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ
GRUFIDES
Instituto de Defensa Legal – IDL
Instituto de Fomento de una Educación de Calidad – Instituto EDUCA
Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz – IPEDEHP
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible – IDLADS PERÚ
Keiko No Va
Mujeres con Discapacidad Frida Kahlo
Mujeres Resistencia
Paz y Esperanza
Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad – SEDYS
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú – SUTEP
Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal – SUTESAL



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