Por Yvette Sierra Praeli*
El año 2020 ha sido devastador para la Amazonía peruana. La deforestación llegó a 203 272 hectáreas, una cifra que supera en 54 846 la cantidad de bosques perdidos el año anterior.
Esta cifra, la más alta de las últimas dos décadas, es el resultado del monitoreo satelital que realiza el Ministerio del Ambiente (Minam), a través de su Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático.
El reporte también indica que entre el 2001 y el 2020 se perdieron 2 636 585 hectáreas de bosques en Perú. “En un año marcado por la inmovilización nacional debido a la pandemia del COVID-19, la pérdida de bosques en Perú ha tenido las cifras más altas en lo que va de este siglo. Sin duda la mayor parte de la proporción de la deforestación se debe a la actividad ilegal, esa actividad que no está regulada”, señala Gabriel Quijandría, exministro del Ambiente quien estuvo en el cargo hasta julio de 2021.
Las regiones donde se ha identificado un mayor incremento de deforestación durante el 2020 han sido Ucayali, con un aumento del 23 %; Loreto, con 17 % más y Madre de Dios, con un incremento del 11 % con respecto al año 2019, indicó el Ministerio del Ambiente a las consultas hechas por Mongabay Latam.
Ucayali ha sido la región con mayor deforestación en Perú en el 2020. Las cifras del portal de Geobosques indican 47 267 hectáreas perdidas en la región.
En este departamento, además, se han identificado 45 posibles pistas de aterrizaje clandestinas durante el 2020 y nueve más en lo que va del 2021, según informes del Gobierno Regional de Ucayali. Esta es una muestra de lo que significa el avance del narcotráfico en esta región.
También lo es el asesinato de líderes indígenas registrados durante el 2020 en la zona de frontera entre las regiones de Ucayali, Huánuco y Pasco. “Todo lo que se ha visto en la zona de frontera entre Ucayali y Huánuco vinculado a los defensores ambientales y la presión por cultivos ilegales de hoja de coca. Es un problema vinculado a la seguridad”, precisa Quijandría.
César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales, menciona que con el aislamiento y la inmovilización decretada por el COVID-19 se creía que las actividades ilegales iban a reducirse, sin embargo, eso no sucedió. “Las actividades ilegales se han incrementado en el país. Si se ve tala y minería, ha sido un año tremendo”.
Fuente: Servindi
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