Organizaciones indígenas nacionales e instituciones de la sociedad civil expresaron -el pasado viernes 3 de julio- un categórico rechazo a las declaraciones de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, sobre la intención de realizar procesos de consulta previa “virtual” para grandes proyectos extractivos.

Mediante un pronunciamiento la AIDESEP, CCP, CNA, CONAP, ONAMIAP y el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GTPPII-CNDDHH) advierten que las “consultas virtuales” van contra el Diálogo intercultural y el Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada de los Pueblos Indígenas u Originarios.

“Consideramos inadmisible que el gobierno pretenda sacar adelante proyectos de inversión virtualizando el ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas u originarios. Las reuniones virtuales no son un mecanismo tradicional de deliberación y menos de toma de decisiones”, indica el pronunciamiento.

Las entidades cuestionan que dichos mecanismos carecen de pertinencia cultural por ser muy rápidos y contar con dinámicas distintas que imposibilitan el traspaso de información y el análisis culturalmente adecuado, más aún sabiendo que los indígenas tienen diversos medios para expresar sus opiniones y toma de decisiones.

Esto se agudiza porque en gran parte de los territorios indígenas existe una brecha de conectividad y escaso acceso a Internet. Asimismo, las comunidades no cuentan con infraestructura necesaria y no están capacitadas en el uso de plataformas virtuales de comunicación. “Los procesos virtuales no permiten el ejercicio del derecho a la consulta previa libre e informada y cuya práctica se está desnaturalizando”, indican.

Al respecto, las organizaciones indígenas nacionales y el GTPPII-CNDDHH cuestionan al Gobierno por intentar implementar procesos de consulta previa en las condiciones descritas que violan el contenido constitucional del derecho a la consulta previa y sus principios.

De igual modo, pone en peligro las diversas etapas del proceso de consulta previa reconocidas en tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y la Ley 29785 y su Reglamento.

Exhortan al presidente de la República del Perú y a sus ministros a garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres y los pueblos indígenas en decisiones que tienen que ver con proyectos de inversión, normas o políticas que los afectan.

Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado en el cual se alerta sobre la especial situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas acordes con su cultura y respeto de sus territorios.

Precisamente en la recomendación 4 de dicho comunicado se solicita a los Estados Parte, dentro de los cuales se encuentra el Perú, a no promover proyectos extractivos en los territorios indígenas porque es imposible llevar procesos de consulta previa en el contexto actual, alertan las organizaciones indígenas e instituciones de la sociedad civil.

Fuente: Servindi

Foto: CAAAP



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