A dos años del acuerdo de la Asamblea Plenaria de los obispos chilenos, el pasado 20 de julio se difundieron las orientaciones que ayuden a fomentar ambientes sanos, relaciones de buen trato y respeto a la dignidad de todas las personas en la iglesia, tras los destapes de abusos sexuales a menores y abusos de poder.

En agosto de 2018, en una asamblea plenaria extraordinaria, los obispos acordaron encargar al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas, la redacción del documento que ahora se publica, en 76 páginas, con el nombre de “Integridad en el servicio eclesial”.

“El concepto ‘integridad’ presente en el título y articulación de este documento apunta a la forma en que cada persona busca ser coherente con la condición de ser discípulo del Señor”, explica su introducción.

Por su parte, Santiago Silva Retamales, presidente de los obispos, destacó “el proceso de amplia participación eclesial que suscitó su elaboración y que es reflejo de la relevancia que cobra en nuestra misión evangelizadora”. Unos 600 consagrados, 62 integrantes de consejos diocesanos de Prevención y 950 laicos de todo el país fueron consultados o participaron en su redacción.

El documento divide sus contenidos en orientaciones comunes y particulares. Son “orientaciones comunes que emanan de los principios irrenunciables que orientan la vida de la Iglesia: la protección a los menores de edad, la integridad en el ministerio sacerdotal, el compromiso con la transparencia y responsabilidad y la colaboración con la sociedad y las autoridades.

En su conclusión, el documento aborda la transgresión a este protocolo: “Cuando se rompe la comunión -por conductas contrarias a sus orientaciones – de parte de las personas a las que Iglesia ha encomendado servicios específicos, se buscará restablecerla lo más oportuna y plenamente posible. Esta responsabilidad recae en toda la comunidad y, particularmente, en las autoridades eclesiásticas competentes”, afirma.

Agrega, para el caso de que la transgresión sea más seria, que “la autoridad de la Iglesia procurará que la(s) persona(s) afectada(s) sea(n) escuchada(s), acogida(s) con delicadeza y, tratadas con auténtica compasión”. Y precisa que “la autoridad de la Iglesia actuará con prontitud, buscando la debida asesoría en los miembros de los consejos de prevención de las diócesis o institutos religiosos o, si se estima conveniente, en los organismos especializados de la Conferencia Episcopal, a fin de colaborar con el restablecimiento de la comunión bajo los principios de la justicia y la equidad”.

Fuente: Vida Nueva



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