Acusación de graves violaciones a los derechos humanos y pedidos desde diversos países e instituciones internacionales para que se realicen elecciones anticipadas recibió ayer el gobierno de Daniel Ortega.

Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)responsabilizó al gobierno de Ortega de graves violaciones a los derechos humanos en un informe presentado en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.

En el documento, de 97 páginas, la CIDH elevó a 212 el número de muertos hasta el 19 de junio y concluyó que “el Estado de Nicaraguavioló los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad personal, reunión, libertad de expresión y acceso a la justicia”.

“Es de especial preocupación para la Comisión los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país”.

El texto recoge las conclusiones finales de la visita que la Comisión realizó a Nicaragua entre el 17 y el 21 de mayo para analizar las protestas, que comenzaron el 18 de abril y que han desembocado en la crisis más sangrienta del país desde los años ochenta.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)aseguró que “la acción represiva del Estado ha producido al menos 212 personas muertas hasta el 19 de junio, 1.337 personas heridas y 507 personas estuvieron privadas de la libertad registradas hasta el 6 de junio”.

“Patrón de violencia”

Durante la presentación del informe, la relatora para Nicaragua de la CIDH, Antonia Urrejola, aseguró que la Policía nicaragüense y grupos paramilitares han implementado un “patrón” de violencia destinado a disuadir a los manifestantes.

“Existe un patrón de actuación de antimotines, grupos paramilitares y terceros armados actuando con la dirigencia de la Policía”, afirmó Urrejola, quien explicó que ese “patrón” consiste en el “uso excesivo y arbitrario de la fuerza letal de forma deliberada”.

Al respecto, la CIDH considera en su documento que “la respuesta del Estado a través de sus fuerzas policiales, fuerzas antimotines y grupos parapoliciales mediante la utilización de armas de fuego, bombas lacrimógenas y el uso de balas de goma, fue desproporcionada”.

Después de visitar Nicaragua, la CIDH ya había presentado un informe preliminar en el que alertó sobre la presencia de francotiradores y de “graves violaciones de derechos humanos”.

Con el consentimiento del Ejecutivo nicaragüense, la CIDH y la OEAhan decidido crear un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que viajará a Nicaragua por primera vez el 3 de julio, detalló Urrejola.

Las protestas contra Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se han convertido en un reclamo que pide su renuncia, después de 11 años en el poder.

La CIDH formuló un llamado al gobierno de Nicaragua “a alcanzar una solución constitucional, democrática y pacífica a esta crisis de derechos humanos”.

Piden elecciones

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, propuso ante el Consejo Permanente de la OEA que se realicen comicios nacionales y parlamentarios en Nicaragua para marzo de 2019, como mínimo, aunque dejó abierta la posibilidad de que se realicen en agosto de ese año.

Nicaragua tacha de “parcial” este informe

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, tachó de “parcial”y “subjetivo” el informe final sobre la crisis en el país que presentó la CIDH y aseguró que no “es política de Estado la represión de las fuerzas sociales”.

“Nicaragua rechaza de forma integral el informe de la CIDH por considerarlo subjetivo, prejuiciado y totalmente parcializado”, dijo.

Moncada Colindres aseguró que el Estado trabaja para que “prevalezca la paz” y rechazó una de las conclusiones más duras que hace el informe de la CIDH, la existencia de un “patrón” de violencia contra los manifestantes por parte de la Policía Nacional en colaboración con grupos paramilitares.

La representante Carmen Velásquez rechazó el informe “por su falta de profesionalismo, imparcialidad y veracidad”.

Fuente: La República

 



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