El día 6 de octubre del presente año, el Ministerio del Ambiente publicó las Resolución ministerial Nº279-2017-MINAM. Con el argumento de que es necesario destrabar los proyectos de inversión minera, acelerar los procesos y luchar contra la llamada “tramitología”. Esta norma modifica la lista de proyectos del sector minero que deben pasar por una evaluación de impacto ambiental para poder operar. Las reformas anunciadas apuntan a eliminar los diferentes procedimientos de certificación ambiental para los proyectos de exploración minera que el Ejecutivo considere como de bajo impacto. Antes de la promulgación de esta resolución, se exigía una certificación ambiental para TODOS los proyectos de exploración minera. Ahora esta certificación solo se le exigirá a un determinado grupo de proyectos. Aquellos proyectos de menos de 10 hectáreas de área disturbada NO REQUIEREN una evaluación de los impactos ambientales que pudieran causar. A menos que dichos proyectos se encuentren cerca de un cuerpo de agua (a menos de 50 metros), de nevados o glaciares (a menos de 100 metros de la huella máxima de ocupación en invierno), de bosques de protección y/o primarios (a menos de 100 metros), en un área natural protegida y/o zonas de amortiguamiento y/o áreas de conservación regional. En ese caso deberá pasar por una certificación del SEIA.

La norma aprobada por el MINAM no incluye el sustento que motiva las modificaciones y reformas. En el documento no se da ninguna explicación que justifique los cambios, sólo se menciona que los dos ministerios implicados (MINAM y MINEM) deberán actuar coordinadamente. Tampoco se muestran los estudios que sustenten que 50 o 100 metros son distancias suficientes para proteger los recursos naturales.  

El nuevo listado de proyectos sujetos al SEIA, no menciona los proyectos de exploración minera (de cualquier escala) que se realicen en territorios de comunidades campesinas, nativas y pueblos indígenas. El simple hecho de que un proyecto minero se lleve a cabo en territorio indígena es razón más que suficiente para exigir una certificación ambiental, para salvaguardar el derecho a territorio, a los recursos naturales y a la consulta previa. Estas reformas en lugar de promover la competencia en el sector, fomenta los conflictos con las poblaciones afectadas por el desarrollo de proyectos mineros en sus territorios.

Finalmente, queda en evidencia que las modificaciones en torno al marco ambiental para la exploración minera se ha dado sin sustento técnico y atenta contra los principios establecidos institucionalmente para la evaluación de impactos ambientales. El Ejecutivo lejos de diseñar cambios indispensables en el sistema de evaluación ambiental, ha decidido eliminar “trámites” y ceder ante la presión de un sector empresarial que concibe los estudios de impacto ambiental como meras formalidades que obstaculizan el desarrollo de sus emprendimientos.



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