Luego de años de hostigamiento por parte de las autoridades municipales que buscaban el control del tianguis, el pasado 25 de marzo de 2019, un vecino presuntamente allegado a la administración municipal asesinó a Eulodia Lilia Díaz Ortíz, una lideresa indígena que defendió los últimos tianguis del trueque en el Estado de México, una tradición prehispánica de la entidad por medio de la cual florece la economía de las comunidades náhuatl, otomíes y tlahuicas que intercambian leña por comida.

Este asesinato fue uno de los cinco crímenes contra defensoras de Derechos Humanos y mujeres periodistas que ocurrieron en México durante 2019, de acuerdo con datos registrados por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM).

Las otras defensoras asesinadas fueron la promotora del derecho a la vivienda digna en la Ciudad de México, María Cristina Vázquez; la periodista de Tabasco, Norma Sarabia; la defensora de tierra y territorio en Chiapas, Estelina López Gómez; y la defensora de personas desaparecidas en Michoacán, Zenaida Pulido.

Además de estos crímenes, durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron dos intentos de asesinato contra las activistas; cuatro detenciones arbitrarias; 22 casos de criminalización; dos desapariciones y tres allanamientos.

Estas cifras demuestran que el actual gobierno federal no logró hacer una diferencia con respecto a la administración de 2018, a cargo del priísta Enrique Peña Nieto, ya que, de acuerdo con datos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en ese año cuatro mujeres defensoras fueron asesinadas.

Según el conteo de la RNDDHM, en 2019 la mayoría de las defensoras agredidas trabajaban por la tierra y el territorio y los derechos ambientales; en favor de la población en contexto de migración; los derechos sexuales y reproductivos; y de las personas desaparecidas y desplazadas.

La mayoría de las agresiones contra las activistas ocurrió en un contexto de conflicto por el control del territorio, que es el tema de fondo, incluso, en las agresiones contra personas que acompañan a víctimas de desaparición, desaparición forzada o desplazamiento, aseguró en entrevista Gloria Flores, cocoordinadora de la RNDDHM.

Esto es así –precisó Flores con base en los casos que acompañan– porque algunas veces las empresas y los gobiernos trabajan en contubernio con el crimen organizado para que éste genere condiciones de violencia en la entidad que deriven en desaparición y desplazamientos. De esta forma, los territorios quedan libres para la instalación de proyectos o el control criminal.

A esto se suma que estos grupos externos a las comunidades (como empresas o actores políticos) implementan acciones para dividir la fuerza comunitaria, lo que coloca en una situación de mayor riesgo a las mujeres que defienden los territorios en sus comunidades, agregó la entrevistada.

Con información de Signis ALC



Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.