A través de la red católica CIDSE, que engloba a numerosas ONG de todo el mundo, el 6 de julio se ha publicado una declaración firmada por 110 obispos de los cinco continentes en la que se denuncia que “el abuso corporativo en detrimento de las personas sigue siendo generalizado”.

Esta es una lacra que padecen millones de trabajadores explotados y sin unas mínimas condiciones laborales garantizadas, pero ante la que “los estados de todo el mundo tienen una oportunidad única de detener mediante la introducción de medidas vinculantes a nivel nacional, pero especialmente a nivel internacional y regional”.

Mediante la llamada a “garantizar la solidaridad global”, los prelados reclaman la puesta en marcha de “una legislación vinculante” para que las grandes empresas deban “regular sus actividades”. Y es que este es el único camino para que “nuestras economías sigan los valores de dignidad y justicia y sean respetuosas con los derechos de las personas y del medio ambiente”.

Además, si ya de por sí “el abuso corporativo es generalizado”, la crisis global generada por el coronavirus “ha exacerbado la situación, especialmente para las comunidades más vulnerables y que ya carecían de protección social”. “Esta pandemia –añaden– ha expuesto nuestra interdependencia y ha sembrado el caos en las cadenas de suministro globales que unen las fábricas a través de las fronteras, exponiendo nuestra dependencia de los trabajadores vulnerables que realizan trabajos esenciales en todo el mundo”.

Por todo ello, los líderes eclesiales denuncian que, “sin una legislación adecuada, no se impedirá a las empresas transnacionales llevar a cabo evasión fiscal, abusar de los derechos humanos, infringir las leyes laborales y destruir ecosistemas enteros”.

Fuente: Vida Nueva



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