A medida que el coronavirus se propaga por América del Sur, los líderes de la Iglesia Católica piden urgentemente a los gobiernos que protejan a los pueblos indígenas.

Y es que muchos pueblos indígenas, especialmente en la cuenca amazónica, viven en zonas remotas que distan mucho de los centros médicos o en viviendas precarias en las periferias de las zonas urbanas, generalmente sin servicio de agua y alcantarillado sanitario.

“Estamos en una situación que revela las profundas desigualdades del país”, dijo Ismael Vega, director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), una organización sin fines de lucro que respalda a la Iglesia Católica en la Amazonía peruana.

Los pueblos indígenas corren especial peligro porque muchos viven en comunidades remotas donde viajar por el río hasta el hospital más cercano podría llevar días, dijo Vega a Catholic News Service (CNS). Algunas comunidades tienen pequeños puestos de salud, pero están atendidos por técnicos en enfermería que no están preparados para el brote de coronavirus y a menudo carecen de medicamentos básicos, declaró Vega.

La región nororiental de Loreto, que tiene una gran población indígena en las ciudades de Iquitos y Nauta, al igual que en comunidades remotas accesibles sólo por vía fluvial, había registrado 58 de los más de 1.000 casos de COVID-19 del Perú al 31 de marzo. Dos pacientes habían muerto y siete estaban con respiradores.

El hospital público tiene sólo 16 camas de cuidados intensivos y ya estaba luchando contra un grave brote de dengue cuando llegó el COVID-19, dijo Percy Minaya, el director regional de Salud.

En Brasil, el Consejo Misionero Indígena de la Iglesia Católica, que trabaja con los pueblos amazónicos, suspendió sus actividades con las comunidades y fomentó a los pueblos indígenas a permanecer en sus comunidades y a no permitir la entrada de personas ajenas, dijo el arzobispo Roque Paloschi, presidente del consejo, a CNS. «Si un indígena se infecta, el virus podría propagarse por toda la comunidad a causa de la falta de personal sanitario para controlar la situación», dijo.

Algunos grupos indígenas de Perú y Brasil han tomado medidas para impedir que los forasteros entren en sus comunidades, emitiendo comunicados y deteniendo los vehículos.

La mayoría de las comunidades amazónicas dependen del agua de arroyos y ríos para beber y lavarse, dijo Vega. En muchos lugares esas fuentes están contaminadas, así que la gente carece de agua potable al igual que de agua para lavarse las manos, lo que es una medida crítica para prevenir el contagio, afirmó Vega.

Tradicionalmente, una comunidad afectada por una enfermedad se habría reubicado para proteger a sus miembros. Hace tan sólo 30 o 40 años, eso podría haber ayudado a los miembros de la comunidad para sobrevivir, dijo Vega, pero la invasión de las operaciones mineras, madereras y petroleras lo hacen virtualmente imposible ahora.

COVID-19 puede tener un impacto especialmente devastador si llega a zonas habitadas por indígenas seminómadas que suelen rehuir el contacto con los forasteros. Algunos son descendientes de los que huyeron de las enfermedades y el abuso de los barones del caucho, los madereros y otros forasteros a lo largo de los años, según los antropólogos.

El mayor número de pueblos indígenas aislados del mundo vive en pequeños grupos en bosques densos y remotos a lo largo de la frontera entre Brasil y Perú, pero incluso esos grupos dispersos están en peligro, dijo el obispo Paloschi.

Los territorios habitados por personas aisladas están oficialmente fuera del alcance de los forasteros en el Brasil, aunque las invasiones de madereros, cazadores y mineros de oro no son infrecuentes. El 17 de marzo, el gobierno brasileño emitió un decreto que permitiría a los funcionarios entrar en el territorio habitado por personas aisladas durante la pandemia si su trabajo es «esencial para la supervivencia del grupo aislado».

El arzobispo Paloschi teme que el decreto sea un paso más hacia un cambio en la política oficial de la agencia gubernamental de asuntos indígenas, donde un ex ministro evangélico dirige ahora la oficina responsable de proteger a las personas aisladas y a las que han estado en contacto recientemente.

Los líderes de una organización que representa a siete tribus del Territorio Indígena del Valle del Javari, donde todavía viven muchos de los grupos aislados de Brasil, se han quejado ante las autoridades de que un misionero de una organización con sede en los Estados Unidos ha entrado en la reserva varias veces sin permiso y está reclutando a indígenas para una expedición para ponerse en contacto con un grupo de personas aisladas.

«Desafortunadamente, el gobierno está alentando el contacto», dijo el arzobispo Paloschi. «Esto es un gran riesgo. El gobierno debe proteger y respetar la voluntad soberana de estas personas de vivir sin contacto.» El gobierno está «ignorando las invasiones, la deforestación, la minería y la invasión de la agricultura industrial en las zonas indígenas» que ya han sido reconocidas oficialmente por la ley, afirmó Paloschi.

Una de esas áreas está cerca de la frontera de Brasil con Venezuela, donde se estima que hasta 20 mil personas trabajan en minas de oro no reguladas en zonas habitadas por grupos seminómadas, así como en comunidades del pueblo Yanomami. Si los mineros que entran y salen de la zona infectan a los indígenas de allí con el COVID-19, la enfermedad podría devastarlos, dijo Esther Tello, codirectora de la oficina diocesana de Caritas en Boa Vista, Brasil.

El arzobispo Paloschi pidió al gobierno brasileño que aumentara el personal, el financiamiento y la infraestructura para proteger la salud de los pueblos indígenas del país. Sin una atención sanitaria adecuada, losindígenas serán obligados a abandonar sus propias comunidades, dijo.

En el Perú, Vega instó al gobierno a establecer más puestos de salud comunitarios, dotarlos de personal bien capacitado, mantenerlos surtidos de medicamentos y a estar preparados para evacuar rápidamente a los pacientes por vía aérea o fluvial. Aparte de la debilidad de la atención médica para los pueblos indígenas, la pandemia apunta a una lección más profunda, dijo Vega.

«Estamos pagando las consecuencias de un modelo de desarrollo obsesionado con el crecimiento económico a expensas de derechos importantes», dijo, «como el derecho a la salud y la educación y, en el caso de los pueblos indígenas, el derecho al territorio y a un medio ambiente sano».

Fuente: CAAAP



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