El pasado 6 de julio, las comunidades La Petrolera y Santa Teresa, ubicadas en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto, solicitaron al gobierno la alerta para declarar sus territorios en emergencia ambiental y sanitaria.
Esto debido al derrame de petróleo reportado a inicios de junio a la altura del kilómetro 56 del oleoducto Trompeteros – Saramuro, en el Lote 8. Y es que ha pasado un mes desde que se informó de este incidente, no obstante; los trabajos de contención no se han realizado en su totalidad, provocando contaminación en el río Chambira y afectando a decenas de familias que hoy presentan problemas de salud y síntomas de intoxicación.
Pese a los reclamos y demandas de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT), organización indígena que representa a estas dos comunidades, la actual propietaria de este lote, Pluspetrol, no ha tomado las medidas necesarias para proceder con el recojo del crudo vertido, que en pocos días se extendió rápidamente debido a las fuertes lluvias.
Desde un inicio, la empresa se negó a atender la situación, argumentando que la tubería dañada era responsabilidad de la comunidad. Tras mucha insistencia, finalmente decidieron enviar a veinte personas para iniciar las acciones de contingencia, pero sin los equipos de protección necesarios.
“Hemos exigido desde el primer día que si se les va a contratar deben equiparles, ya van 27 días pero recién de aquí a una semana le va a llegar su protección completa”, señaló vía telefónica el apu de La Petrolera, Robles Pisco.
En medio de esta situación, los trabajadores también han empezado a presentar problemas de salud, indicó. “Todos estamos con dolor de cabeza, vómitos, el personal de la misma empresa también está mal, ellos mismos lo han declarado”.
Desde junio, la comunidad La Petrolera ha demandado asistencia médica, alimentaria y de agua apta para consumo humano. Y es que las familias que viven allí no cuentan con un establecimiento de salud donde puedan recibir atención médica para los síntomas que ahora sufren por los rastros de crudo presentes en sus aguas y peces.
De acuerdo a la directiva sanitaria para el abordaje integral ante el riesgo y exposición a derrame y/o fuga de hidrocarburos (RM 1023-2020-MINSA), el Ministerio de Salud (MINSA) debió desplegar la atención en el breve plazo, lo que implicaba la notificación inmediata, el abastecimiento de medicinas y el monitoreo clínico y epidemiológico de la población expuesta.
Fuente: CAAAP
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