La Confederación Latinoamericana de Religiosos (CLAR) exhortó -el pasado 4 de septiembre- a los Congresos Nacionales de los países latinoamericanos a ratificar el Acuerdo de Escazú.

En un comunicado, la organización religiosa explica que se trata del primer tratado que evidencia la relación directa entre los Derechos Humanos y Ambientales en la región y, por lo tanto, el primer instrumento vinculante para “salvaguardar la vida de las personas defensoras del ambiente y de los territorios,  proteger todas las formas de vida en la defensa del patrimonio ambiental colectivo, así como la integración del conocimiento de los pueblos originarios y la actualización de los servicios de información y atención en materia ambiental”.

Y es que el próximo 26 de septiembre debería entrar en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú.

Firmado por 24 de los 33 países de la región, solo 9 de ellos (Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Uruguay)  lo han ratificado, muy pocos para su entrada en vigor, la cual requiere un mínimo de 11 ratificaciones.

La declaración de la CLAR, en sintonía con Encíclica Laudato Si’ para el Cuidado de la Casa Común, recuerda las palabras del Papa Francisco sobre la necesidad de sinergias en la lucha por la salvaguarda de la Creación:  “Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las instancias locales para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos consensuados para evitar catástrofes locales que terminarían afectando a todos”.

Y este es precisamente el objetivo del Acuerdo de Escazú, como lo expresa en su primer artículo: “Garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Fuente: Vatican News



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