Luego de reunirse el 10 y 11 de abril en el marco de la VII Cumbre de las Américas, el Foro Interreligioso de las Américas, que tuvo como tema central la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, presentó la declaración final de recomendaciones para un desarrollo sostenible hasta el 2030 que combata y reduzca la corrupción en todos los países.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera a la corrupción como un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integridad -civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo de las personas y las sociedad. También debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad”, menciona el documento.

Es por ello que la Coalición, alegando la necesaria respuesta integral que incluya un enfoque de derechos humanos, recomendó a los jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la VIII Cumbre de las Américas:

  1. Alentar los programas de educación en valores en todos los niveles de enseñanza pública y privada, que promuevan la capacidad de discernimiento para generar conductas basadas en la integridad.
  2. Promover la responsabilidad ética corporativa o empresarial, que comprende todos los aspectos de la conducta de los negocios y es relevante en cuanto a la conducta individual de las personas como a la de las organizaciones en su conjunto.
  3. Fortalecer la lucha contra la financiación ilegal de los partidos políticos y sancionar la responsabilidad penal de quienes reciben o entregan, como personas físicas y/o jurídicas, pagos emanados de la corrupción y/o encubiertos por actos de lavado de activos.
  4. Alentar la participación ciudadana en las denuncias contra la corrupción, en todos los ámbitos y niveles de la administración pública, y en el seguimiento ciudadano de las causas judiciales de corrupción, a fin de erradicar la impunidad.
  5. Mejorar la cooperación penal hemisférica, que comprenda el intercambio de evidencia jurídica a través de la colaboración directa entre las Fiscalías sin intervención de los Poderes  Ejecutivos y la facilitación de las delaciones premiadas en múltiples jurisdicciones.
  6. Actualizar la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), para responder a la creciente ola de corrupción de empresas transnacionales con sedes en otros países del hemisferio.
  7. Reformar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), para dotarlo de carácter independiente, transparente y técnico, y que incluya la participación activa y efectiva de la sociedad civil.

Asimismo, se comprometieron a “fortalecer sus propios procesos de transparencia y rendición de cuentas, y a involucrarse más activamente en las iniciativas nacionales de anticorrupción en los países del hemisferio”.

Declaración final: Documento de recomendaciones de la Coalición



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