La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) responsabilizó, el pasado jueves 4 de julio, al Estado venezolano de la tortura y muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, así como de las heridas que ocasionaron la pérdida de la vista al joven Rufo Chacón Parada.

En un comunicado publicado en su página oficial de Facebook, la Comisión de Justicia y Paz de la CEV enfatizó en que las víctimas “representan los gritos de muchos otros ciudadanos que han sido sometidos a iguales patrones y sus casos son invisibilizados”. “No consentiremos la manipulación, el disimulo y la atenuación de estos graves hechos. Es nuestro compromiso como Iglesia, que ve en el rostro sufriente de los familiares y de las víctimas el dolor de nuestro Señor Jesucristo”, menciona el comunicado denominado “Todo el que aborrece a su hermano es un homicida”.

De igual forma, los obispos también denunciaron que la desaparición forzada; la tortura; los tratos crueles, inhumanos o degradantes y excesos policiales “son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales, y están ocurriendo permanentemente, como un secreto a voces que nos clama en la conciencia”.

Sobre el primer caso, se sabe que el capitán Acosta murió el sábado 29 de junio, tras ser secuestrado y torturado desde el 22 de junio por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Con respecto al caso del adolescente de 16 años, Rufo Chacón, quien perdió la vista en Táchira luego de ir a reclamar junto a su madre la falta de gas, la Conferencia expresó que “la desproporción en el uso de la fuerza vuelve a dejar secuelas imborrables en esta familia: un joven bachiller ahora ciego, desfigurado y sin ganas de vivir, una madre traumatizada a quien, además de los derechos básicos para la vida, se les niega el de manifestar”.

En ese sentido, la Iglesia venezolana considera que la prisión preventiva dictada a los dos funcionarios adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar que actuaron contra el Capitán Arévalo y de los efectivos que dejaron desfigurado y ciego al joven Rufo es un primer paso hacia la justicia, sin embargo consideramos que las investigaciones deben regirse de acuerdo a los estándares y protocolos internacionales relacionados con los casos de tortura y no como una simple investigación penal.

Fuente: Religión Digital



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