Nuestro país y el mundo atraviesan tiempos de una profunda crisis económica y social agudizada por la situación mundial de pandemia. Lamentablemente nuestro gobierno (con cuatro presidentes en 5 años), y sus funcionarios públicos y autoridades a nivel nacional, no ha sido capaces de asumir con responsabilidad adecuada el reto de privilegiar en situación de crisis los derechos de las personas, aportando los recursos que sean necesarios para garantizar la vida y la salud desde el primer nivel, una educación en condiciones adecuadas para todas y todos, servicios públicos fundamentales como el agua potable en plena crisis de pandemia y la conectividad, central para la educación de hoy y nuestras comunicaciones.
Quizá el mayor impacto social, ha sido el develamiento de la profunda crisis ética que vincula a toda nuestra sociedad, y que tuvo su culmen el denominado “vacunagate” que demostró como algunas autoridades, funcionarios públicos y eclesiásticos, políticos, empresarios, universidades de prestigio y médicos, anteponían sus intereses personales a los de la población en su conjunto, dejando de lado el servicio y el bien común, con una “visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional”, como cita Papa Francisco.
Las actividades económicas como la minería en el país, no escapan a ésta situación de crisis ética. Y es que en éste tiempo de pandemia, pese a la grave crisis, el gobierno y las empresas mineras han aprovechado la situación para buscar consolidar ésta actividad como la principal salida a la crisis económica, y privilegiar el desarrollo minero en el territorio nacional.
El poder económico de las empresas ha logrado incidir en el frágil gobierno iniciado por el ex presidente Kuczynski, y que hoy tiene a cargo el presidente Sagasti, con el fin de lograr un entorno que permita el desarrollo minero, logrando que se flexibilicen, aún más, los derechos colectivos de nuestros pueblos indígenas al territorio y a la consulta previa libre e informada, con el fortalecimiento de medidas como el acuerdo previo, que es una negociación que desnaturaliza la consulta, y al derecho a la participación ciudadana en las decisiones sobre actividades mineras, incumpliendo con ello acuerdos internacionales suscritos por el Perú como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.
Asimismo, la crisis de la pandemia también ha sido ocasión para que la presión de los intereses económicos logre que se fragilice la institucionalidad ambiental y social, restando responsabilidades a la OEFA, y facilitando autorizaciones para actividades de exploración y la aprobación de EIAs, sin que haya un mea culpa aún por las empresas mineras formales que mantienen el circulo vicioso de la minería ilegal, cuyas medidas de formalización no han funcionado. La pandemia ha evidenciado un Estado ausente frente a la actividad minera, con ello incluso la visibilización de conflictos sociales en plena pandemia (Espinar, Tía María, Las Bambas), y pese a ello, la insistencia de intereses económicos con una campaña pública con ingentes recursos por la reducción del rol del Estado.
En este contexto se realizan las elecciones generales 2021. Desde el Nodo Perú de la Red Iglesias y Minería consideramos que es fundamental evidenciar que frente al grave problema de la pandemia, es fundamental abordar las causas de fondo que la han generado, que tienen que ver directamente con el calentamiento global, el extractivismo, y el daño y marginación del pequeño productor agrario y la agricultura familiar como alternativa. “Dios ha sellado un pacto con la creación en base de una visión de justicia y de paz”. “El pacto es un don de gracia que no se vende en el mercado”[1].
Sin embargo, hay una decisión política por aportar por el modelo económico extractivista como centro. La minería es importante para el país, pero no sólo podemos depender de ella. No es racional y menos aún ético reducir los niveles de fiscalización ante la mayor presión minera y amparar la auto fiscalización de las empresas, ampliar los niveles de exploración, sin contar con un ordenamiento territorial participativo que priorice las actividades económicas según las potencialidades de las localidades y su mano de obra disponible, ni tener un inventario nacional de recursos hídricos que pone en riesgo en plena pandemia el acceso a recursos hídricos y su calidad para consumo humano y actividades agrícolas, que son las que nos han dado alguna seguridad alimentaria en pandemia.
Ante un Estado frágil e inoperante en la protección del ambiente y nuestros recursos naturales, es fundamental garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, al territorio, a la consulta previa, la decisión sobre su desarrollo sostenible, porque se convierten en los verdaderos guardianes de nuestra casa común, realizando el necesario monitoreo y vigilancia ambiental.
En éstas elecciones, hacemos un llamamiento al diálogo entre todos los actores sociales, que involucre a las y los candidatos a la presidencia y al congreso, que busque un cambio de actitud frente a la realidad actual, el rescate de valores fundamentales en lo social y ambiental, buscando acuerdos conjuntos que prioricen a la persona humana como centro de las decisiones y no los recursos económicos de unos pocos, y acoger el llamado a una “vida sobria”, reduciendo los niveles de consumo para evitar que nuestra casa común sea depredada, y nos sigamos encaminando a una crisis civilizatoria.
Recordemos las palabras de Papa Francisco: “La pandemia, ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados, incluso de la creación, no podemos sanar el mundo”[2].
[1] Alianza Mundial de Iglesias Reformadas (WARC). La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la Economía y en la Tierra. Accra, Ghana 2004.
[2] Mensaje de Papa Francisco en Audiencia General del 12 de Agosto de 2020
Extraído del portal CEAS
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