El pasado 21 de abril, alrededor de 20 organizaciones -entre ellas el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)- que defienden los Derechos Humanos, especialmente el de los pueblos indígenas, han suscrito un pronunciamiento a nivel internacional donde se urge a los gobernantes a tomar medidas concretas para atender esta emergencia en la región, donde habitan 826 pueblos indígenas, agrupando a 45 millones de personas.

A continuación, el pronunciamiento íntegro que ha sido coordinado e impulsado desde el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL).

Las Américas, 21 de abril de 2020. – Frente a la emergencia ocasionada por la propagación del COVID-19 en el continente americano, hacemos un llamado enérgico a los Estados de la región para adoptar medidas urgentes que respondan a las necesidades específicas de las comunidades indígenas para la prevención del contagio y la mitigación de las consecuencias que generan las diversas políticas públicas implementadas durante la pandemia.

En conformidad con las obligaciones internacionales, estas medidas deben ser culturalmente adecuadas y consultadas con las comunidades, además de garantizar la atención diferenciada de los pueblos transfronterizos y de las personas indígenas en espacios urbanos, rurales o en entornos naturales más aislados, así como de aquellos pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial.

La pandemia del COVID-19 está afectando negativamente a toda la población del hemisferio, obligando a los Estados de la región a tomar medidas extraordinarias para atender esta emergencia. Asimismo, esta crisis de salud ha evidenciado nuevamente que existen grupos de personas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, determinando una afectación exacerbada por esta pandemia. Tal es el caso de los 826 pueblos indígenas de las Américas, que agrupan  a 45 millones de personas. Estos pueblos han tenido históricamente un acceso limitado a los servicios de salud, enfrentan obstáculos constantes para la práctica de medicinas tradicionales, sufren enfermedades crónicas en altas proporciones, y han sido afectados de manera devastadora por enfermedades derivadas del contacto con actores externos a sus comunidades, situación particularmente grave para los pueblos en aislamiento y contacto inicial.

La llegada de la pandemia a las comunidades y el grave impacto que puede tener en sus derechos no representa una urgencia futura.  Ya se han reportado casos de contagios en distintos pueblos en la región, por lo que la respuesta debe ser profunda y urgente, para prevenir su exterminio físico y cultural.

En ese contexto, manifestamos nuestra preocupación ante el hecho de que la mayoría de los pueblos indígenas del hemisferio están excluidos de la formulación de las políticas que los afectan, así como de la implementación de las mismas. Esto es también la realidad en el marco de esta pandemia.

A lo largo del continente persisten condiciones de desigualdad, pobreza, exclusión, discriminación histórica y falta de consulta adecuada de los pueblos indígenas. Lo anterior, impacta e impide su acceso a bienes, servicios y derechos básicos que se vuelven de vida o muerte en el marco de la pandemia, tales como la alimentación, servicios de salud, agua y artículos de higiene. Estos factores, combinados con ciertas vulnerabilidades específicas que acompañan a algunos pueblos indígenas, tales como trastornos respiratorios y falta de defensas inmunológicas contra enfermedades relativamente comunes, se suman a los factores de riesgo ya constatados para el COVID 19 y convierten a esta pandemia en una amenaza grave a la supervivencia no sólo de las personas sino de los pueblos.

Por otra parte, en los territorios de los pueblos indígenas de la región continúan desarrollándose actividades petroleras, mineras, agronegocios, forestales, entre otras, que además de la afectación histórica a sus derechos, en esta ocasión se convierten en un factor de riesgo más, por el ingreso de personas ajenas a las comunidades. Lo anterior pese a la solicitud de moratoria o suspensión temporal realizada por varias organizaciones en la región por considerar estas actividades no esenciales. Este riesgo también está presente en aquellos sitios donde no se han impuesto restricciones a la circulación, y se mantiene el turismo y el tránsito continuo de personas.

Preocupación especial merece el hecho de que se ha documentado en ciertas zonas un aumento en la presencia y amenazas de grupos armados ilegales dentro y alrededor de los territorios de los pueblos indígenas, situación que incrementa además el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Ello al igual que las medidas de cuarentena profundizan el aislamiento de algunas comunidades cuyos miembros necesitan salir para abastecerse de insumos básicos, alimentos y ayuda humanitaria.

Adicionalmente, los pueblos indígenas están excluidos de  información oficial adecuada y oportuna respecto de la pandemia. La falta de información mediada culturalmente y disponible en las lenguas originarias, amenaza su supervivencia, y violenta su derecho a la no discriminación.

Por todo lo anterior, recordamos a los Estados que todas las medidas adoptadas deben garantizar, sin discriminación alguna, los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, con un respeto pleno de las realidades, cosmovisión, tradiciones y experiencias de cada pueblo. Estas medidas deberían ser articuladas entre las distintas instituciones del Estado de manera que garanticen el disfrute del más alto nivel de salud, física, mental y espiritual, así como el acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y sanitarios. De igual forma, es fundamental que se adopte de manera inmediata un enfoque diferencial que tome en cuenta la intersección de distintos factores (edad, sexo, género, capacidades diversas) que aumentan la vulnerabilidad de las personas pertenecientes a pueblos indígenas y a quienes dentro de ellos sean particularmente vulnerables a los impactos de la pandemia.

Hacemos un llamado a los Estados a coordinar de manera inmediata con los pueblos indígenas de la región cualquier medida que les involucre o que se implemente dentro de sus territorios. Para ello, los Estados deberán:

• Incluir a los pueblos indígenas en la formulación de mecanismos y medidas para la implementación de respuestas a la pandemia COVID-19, a fin de adoptar medidas culturalmente adecuadas para cada pueblo. Deberán a su vez formular medidas específicas para personas indígenas en espacios urbanos, rurales o en entornos naturales más aislados, y aquellos pueblos en contacto inicial o aislamiento voluntario. Deberán, asimismo, generar procesos adecuados para los pueblos transfronterizos;
• Garantizar que todas las acciones y medidas tomadas sean realizadas en completa coordinación con las autoridades de las comunidades indígenas, con irrestricto respeto a los derechos de consulta y consentimiento previo.
• Generar información apropiada sobre la magnitud y los riesgos de la crisis sanitaria, los métodos de prevención y atención las medidas a implementar; etc, en línea con los entornos físicos, sociales y culturales de los pueblos de la región;
• Implementar medidas que garanticen la seguridad alimentaria adecuada, el acceso en cantidades necesarias al agua potable y a los servicios de salud apropiados para las necesidades de los pueblos indígenas, incluyendo protocolos especiales de prevención del contagio en las mismas.
• Asegurar que los pueblos cuenten con medios de comunicación suficientes para acceder a información y servicios de salud adecuados (por ejemplo, considerar la disponibilidad de sistemas de radio, teléfono satelital, conexión a internet, etc.);
• Asegurar el transporte a los centros de salud, el acceso a medicamentos adecuados, la traducción en la atención para las personas indígenas afectadas por el coronavirus o enfermedades endémicas que lo precisen; así como condiciones seguras de cuarentena para las personas indígenas que retornen a su comunidad.
• Garantizar que los territorios de los pueblos indígenas y sus alrededores se encuentren libres de amenazas por parte de actores legales e ilegales, limitando su ingreso al territorio y garantizando la integridad de los pobladores;
• Suspender todo tipo de actividad económica o proyecto extractivo dentro y alrededor de los territorios de los pueblos indígenas que pueda ponerles en riesgo, con particular cuidado frente a la situación de los pueblos en contacto inicial o pueblos en aislamiento voluntario, absteniéndose a su vez de tomar cualquier medida regresiva en materia de consulta previa y de flexibilización de mecanismos de control y fiscalización ambiental;
• Asegurar medidas de cuarentena y post cuarentena que garanticen el derecho a la educación y la salud de los niños-as y las comunidades;
• Asignar de manera prioritaria recursos para garantizar todos los derechos de los pueblos indígenas y evitar la propagación del COVID-19 dentro de sus territorios con un respeto pleno de las realidades, cosmovisión, tradiciones y experiencias de cada pueblo; exhortando a los Estados a requerir el apoyo de sistemas de cooperación internacional, especialmente en la adquisición de pruebas para la realización de testeos masivos y permanentes que ayuden a comprender el avance de la pandemia y por ende a tomar y/o reforzar medidas idóneas de respuesta.
• Asegurar que los ritos fúnebres y de pasaje se realicen en condiciones de seguridad y salud teniendo en cuenta consideraciones culturales de los diferentes pueblos;
• Adoptar medidas generales y específicas de prevención de la pandemia y de mitigación de las consecuencias de ésta y de la cuarentena en las comunidades y pueblos, garantizando los derechos a la salud, el agua, la alimentación, la educación, la vida y la sobrevivencia como pueblos.
• Generar acciones y políticas públicas que superen problemas crónicos de desprotección y afianzar la vigencia de los derechos humanos;
• Priorizar las respuestas urgentes desde el reconocimiento de una situación de discriminación y exclusión histórica que requiere tanto medidas urgentes como paliativas para esta situación de emergencia, pero también medidas profundas y estructurales que puedan garantizar el goce pleno de derecho por parte de los pueblos indígenas de la región más allá de esta crisis particular.

 Organizaciones Firmantes

Acción Ecológica

Alianza Territorial Mapuche

Amazon Frontlines

Asociación Interamericana par la Defensa del Ambiente (AIDA)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Consultoría por los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH)

Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

Proyecto Amigo

Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)

Fórum Solidaridad Perú

Instituto del Bien Común (IBC)

Servicios en Comunicación Intercultural (SERVINDI)

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe – Perú (CEAAL)

EarthRights International

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Instituto de Defensa Legal (IDL)

Movimiento Amplio por la Diginidad y la Justicia (MADJ)

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras

Tierraviva

Fuente: CAAAP

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