Para muchos peruanos es un tema desconocido. Recién las dos últimas semanas se ha aireado en el Perú –más por las críticas que por los apoyos- relacionándolo abiertamente con la Amazonía por lo que para muchos “Escazú” suena a un lugar brasileiro. ¡Pues no! Escazú es una ciudad costarricense donde en 2018 se firmó un acuerdo, relacionado con el medio ambiente, para países Latinoamericanos y del Caribe, que firmó la Ministra del Ambiente del Perú, Fabiola Muñoz, el 27 de setiembre de ese año, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El acuerdo -promovido por la CEPAL, de la ONU- tiene que ser ratificado por 11 países para recién entrar en vigencia. A la fecha lo han hecho 10, como señala el artículo “La discusión del Acuerdo de Escazú”. ¿Se incluirá el Perú entre los 11 primeros? Difícil, pues ya hace un año el tema está en el Congreso -que es quien tiene que ratificarlo- y, además, es obvio que, en estos momentos, los congresistas tienen otras prioridades.
Cuando hablamos del Acuerdo de Escazú, nos referimos a los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Es un tratado regional que promueve el derecho de acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; de participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente; y de acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales en los países de América Latina y El Caribe.
Establece estándares que cada Estado debe adoptar (como mínimo) para garantizar el ejercicio de estos derechos y se establecen las medidas orientadas a mejorar su institucionalidad, mecanismos para administrar su información, optimizar procedimientos de toma de decisiones incorporando, además, enfoques de interculturalidad y género, y potenciar la administración de justicia para la prevención y atención de daños ambientales o derechos ambientales.
Según la directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Carol Mora, “el acuerdo permitirá a los países de la región elevar los niveles de democracia, transparencia y rendición de cuentas en asuntos ambientales y de recursos naturales”.
Este tratado, además, aborda la protección de los defensores ambientales, un problema clave considerando que en los últimos cuatro años casi 400 hombres y mujeres en el mundo han sido asesinados por defender sus territorios. Un gran número de ellos en América Latina: 219 asesinatos solo en el 2019.
Nos centramos en Perú –y es posible sea igual o parecido en otros países claves-. Distintas personalidades, de gobiernos anteriores, han cuestionado recientemente el Acuerdo. Y ha quedado claro en el pronunciamiento de la CONFIEP el 15 de julio pasado. Dos son las observaciones:
1) “Lo más grave que puede ocurrir con una posible ratificación de este acuerdo es la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional”. Y se advierte de poner en riesgo la soberanía del 53 % del mismo. Asimismo sería “un Tratado que genera inestabilidad jurídica en el país afectando indudablemente a las inversiones y al propio desarrollo de las poblaciones de nuestro territorio nacional”.
2) “El referido Acuerdo de Escazú podría exponer al país a que se agoten las instancias nacionales, internacionalizando los problemas en este ámbito. Hipótesis que es inadmisible pues el país podría ser acusado ante Cortes Internacionales o hasta la Corte Internacional de la Haya, en caso se trate de un país quién presente la denuncia”.
Excancilleres de los gobiernos apristas y fujimoristas, han declarado públicamente que el Perú perdería soberanía sobre la Amazonía y que se fomentaría el bloqueo de las inversiones de empresas madereras, mineras y de petróleo. Esos dos serían los cuestionamientos centrales: “No es conveniente ratificar el Acuerdo de Escazú, en aras de proteger nuestra soberanía nacional y dotar de seguridad jurídica a las actividades económicas del país”.
Para comenzar, hay que aceptar que los cuestionamientos están en los más altos niveles del gobierno: pese a que el Acuerdo de Escazú contaba con la aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se firmó el tratado, el actual ministro de ese sector, el canciller Mario López Chávarri, declaró el domingo 19 de julio, en el programa Agenda Política de Canal N, que aún no hay un consenso sobre el tema. Sin embargo, quienes lo defienden hablan de “mostrar las verdades y mitos detrás de una polémica que podría afectar la ratificación de Escazú”.
En ese sentido, el congresista Alberto De Belaúnde, del Partido Morado, quien integra la Comisión de Relaciones Exteriores, a través de su cuenta en Twitter señaló: «Así de poco seria es la posición peruana. El mismo gobierno que impulsó y firmó el acuerdo, ahora sostiene esto. De no creer». Y añade que lo que se ha iniciado es una campaña de desinformación para traerse abajo el acuerdo. “Se quiere presentar como si se tratase de la renuncia a la soberanía de la Amazonía peruana”, dijo.
De otro lado, el exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente e impulsor de este tratado internacional, Mariano Castro, afirma categórico: “En los últimos días se han publicado algunas entrevistas y artículos con comentarios sobre el Acuerdo de Escazú, que no tienen fundamento jurídico alguno y que faltan de manera flagrante a la verdad: el artículo tres del acuerdo establece claramente el principio de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales y el principio de igualdad soberana de los Estados. El Acuerdo de Escazú trasciende la Amazonía. Es un tratado que se aplicará a países que no forman parte del bioma amazónico”.
La exministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, también se pronunció esta semana durante su participación en el foro “Acuerdo de Escazú: oportunidades y ratificación”, organizado por la Clínica Jurídica Ambiental, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la Asociación Civil Themis y el programa de desarrollo social ‘Khuska’. Muñoz mostró su preocupación por las declaraciones de ex servidores públicos que, asegura, manejan argumentos falsos. Además, se refirió también a la carta de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú en situación de retiro que circuló en redes sociales. En el documento se insiste en que el Acuerdo de Escazú vulnera la soberanía nacional e integridad nacional del Perú. “Lo que veo es una absoluta desinformación no solo por parte de quienes dicen las cosas sino de quienes las comentan”, señaló.
Podemos equivocarnos, pero pareciera que lo que está en juego, más que la soberanía nacional y el tema jurídico respecto al temor de llevarnos a La Haya, son intereses reales y concretos. Sería lo que se deduce de la afirmación de la CONFIEP: “un Tratado que genera inestabilidad jurídica en el país afectando indudablemente a las inversiones…” Y confirmado por algunos ex cancilleres, ya que con el Acuerdo, dicen, “se fomentaría el bloqueo de las inversiones de empresas madereras, mineras y de petróleo”.
Nuevamente vuelve la pregunta recurrente: ¿qué debe estar primero, los intereses de todos los peruanos –y especialmente de los pueblos amazónicos- o los intereses de las grandes empresas extractivas? Esa parece ser la cuestión.
– Artículo escrito para el boletín de análisis “Conectando” del Observatorio Socio Eclesial.
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