La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su extrema preocupación por la posición de la Policía Nacional de Nicaragua que declara ilegales las manifestaciones de protesta y responsabiliza penalmente a sus convocantes.

Según la información levantada por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), la Policía Nacional, en Nota de prensa del 28 de setiembre (Nota 115-2018), luego de describir hechos violentos ocurridos los días 2, 15 y 23 del mismo mes en el contexto de manifestaciones públicas de protesta, las declara violentas e ilegales y responsabiliza a quienes las convocan y organizan de “cualquier alteración al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas, y de las agresiones”, haciendo referencia a que dicha responsabilidad será perseguida legalmente.

La CIDH observa con preocupación que la autoridad encargada del resguardo del orden público invoque hechos específicos ocurridos en el contexto de manifestaciones públicas de protesta como base para catalogar futuras manifestaciones como violentas. Asimismo, que el Estado siga incumpliendo con la recomendación 4 del Informe de la CIDH sobre Nicaragua, que recomienda garantizar la vida, integridad y seguridad de todas las personas que están manifestando y ejerciendo sus derechos y libertades públicas y sufriendo las consecuencias del ambiente de represión, en especial a los estudiantes, niñas, niños y adolescentes.

Con base en lo anterior, la CIDH observa que la declaración de que las protestas antigubernamentales son ilegales por haberse producido en ellas hechos violentos y la atribución a priori de responsabilidad a convocantes y organizadores -además de ser una clara violación del principio de inocencia- implica una limitación arbitraria del derecho a la protesta social y por ello vulnera los estándares internacionales de derechos humanos.

Al respecto, la Comisión recuerda que “en democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público”. En este contexto normativo, las restricciones al derecho a participar en reuniones y manifestaciones públicas deben ser consideradas excepcionales y sometidas al estricto cumplimiento de ciertos requisitos, de conformidad con los artículos 13, 16 y 23 de la Convención Americana.

Fuente: Signis ALC



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