El pasado 10 de julio, la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) emitió un comunicado en el que reafirma su compromiso por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas u originarios, y hacen un llamado, siguiendo las palabras del papa Francisco en Puerto Maldonado a “generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y dialogo con los pueblos”.

Asimismo, saludaron la convocatoria realizada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, presidida por el legislador Lenin Bazán, a las organizaciones de pueblos indígenas para consensuar un solo proyecto de ley que busque se respeten las autonomías y la libre determinación como derecho, y se facilite el registro de la personería jurídica de los pueblos indígenas u originarios. Esperamos que el diálogo permita un acuerdo.

“Consideramos que la pandemia del COVID 19 ha evidenciado con mayor crudeza la exposición y riesgo en que se encuentran nuestros pueblos indígenas por la falta de atención histórica de parte del Estado y sus diferentes gobiernos, en particular en salud y en el respeto a sus territorios ancestrales que están en riesgo y que en gran parte nos permiten la seguridad alimentaria, pues con su agricultura familiar mantienen el 70% de nuestra canasta familiar a nivel nacional”, expresaron en el comunicado.

Y es que las últimas 3 décadas han sido en especial graves para los pueblos indígenas u originarios, pues el afianzamiento del modelo económico sustentado básicamente en actividades extractivas, como la explotación minera, petrolera, gasífera entre otras que se realizan fundamentalmente en sus territorios amazónicos, andinos y costeros, ha generado graves afectaciones en su vida y salud, en sus territorios ancestrales, reasentamientos forzosos, pérdida de su cultura y lenguas maternas, injerencia en sus decisiones políticas internas, migración local, entre otras problemáticas.

“Esta situación se ha agudizado con la pandemia y la ‘reactivación económica’, poniendo en riesgo la propia existencia de pueblos ancestrales, cuyos derechos tienen una especial protección en normas nacionales como la Ley de Consulta Previa, que con su reglamentación y en la práctica han desnaturalizado el derecho colectivo de los pueblos, y que no les brindan la seguridad jurídica que también requieren”, indican.

Además, los pueblos indígenas cuentan con normas internacionales asumidas por el Estado Peruano como el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, las sentencias de la Corte y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que los respaldan.

En ese sentido, CEAS insta al Congreso de la República y el Gobierno nacional, cerca de llegar a los 120 días de la declaración de emergencia sanitaria, a prestar la atención debida a quienes sufren con mayor rigor hoy la pandemia, que no ponga trabas ni ceda a intereses económicos, y asuma su rol garante de derechos, en la atención en salud y en el respeto a la autonomía y libre determinación de los pueblos en sus territorios, brindando facilidades legales para su registro, evitando la llamada “tramitología”, y no exigiéndoles en registros públicos formas asociativas que pueden fomentar otros intereses, por no contar con los registros especializados.

Fuente: CEAS



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