La comunidad shipibo-conibo de Cantagallo interpuso una demanda de amparo contra el Estado peruano, el pasado 20 de mayo, por no proteger la salud de los pueblos indígenas amazónicos frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Los representantes de la comunidad asentada en el distrito limeño de Rímac, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, exigen la elaboración e implementación de una política diferenciada para prevenir el brote del virus en los pueblos indígenas, así como atender los casos confirmados mediante la participación de las organizaciones nativas.

Recientemente y tras pedir ayuda desde marzo, 656 miembros de la comunidad fueron sometidos a las pruebas de diagnóstico del COVID-19, resultando un 73% (476) de casos positivos. Cantagallo también registra 3 fallecidos a causa del virus.

“Nosotros carecemos de servicios básicos y eso les avisamos a los organismos del Estado. Tuvieron que morir nuestros hermanos para que haya un impacto y vinieran representantes del ministerio de Salud y Cultura”, dijo en una conferencia de prensa Gabriel Indalicio, dirigente de Cantagallo.

La demanda fue interpuesta contra los ministerios de Salud, Cultura y Justicia y Derechos Humanos e incluye el pedido urgente para que el Estado adopte medidas específicas en favor de las poblaciones de alto riesgo y de alta vulnerabilidad.

Entre las poblaciones de alto riesgo se encuentran los indígenas ancianos, personas con enfermedades preexistentes (como diabetes, hipertensión, hepatitis, tuberculosis, malaria, dengue, zika, VIH/SIDA y asma), mujeres gestantes y personas con discapacidad. En tanto, el grupo de alta vulnerabilidad está integrado por los indígenas confinados en ciudades, comunidades indígenas urbanas (como Cantagallo) y fronterizas.

Dentro de este último grupo se ubican también los pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), también vulnerables epidemiológicamente, que habitan en cinco reservas indígenas solicitadas y en proceso de creación: Yaraví-Tapiche, Sierra del Divisor Occidental, Kapanawa, Napo-Tigre, Yaraví-Mirim y Kakataibo.

Con esta acción legal, la comunidad de Cantagallo busca contrarrestar los efectos de la pandemia en los pueblos indígenas amazónicos que sufren el aumento exponencial de casos y víctimas como en los pueblos shipibo-conibo, awajún ticuna y yine, en las regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios.

Para el Instituto de Defensa Legal (IDL), las medidas adoptadas por el gobierno tales como el Decreto Legislativo N.°1489 publicado con el fin de atender a los pueblos indígenas resultan “claramente insuficientes frente a la magnitud del problema”.

Su postura se da considerando que al día 65 del estado de emergencia nacional, “la actuación del Estado ha sido deficiente y errática, sin lograr el objetivo de proteger a la Amazonía indígena”. La comunidad de Cantagallo cuenta con el patrocinio del IDL y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

Fuente: Servindi



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