“Ya no se puede postergar una verdadera reforma al sistema judicial”. Es la opinión de los obispos bolivianos al denunciar -el pasado 30 de agosto- la necesidad de recuperar la administración de una justicia para el país que sea transparente, imparcial e independiente, pues solo así se puede garantizar el estado de Derecho y la democracia.
Así lo manifestaron en un comunicado que recuerda la importancia de preservar la dignidad de toda persona y el bien común, la unidad y el desarrollo de la sociedad boliviana. Los obispos propusieron un acuerdo nacional en el que estén representados todos los sectores políticos y sociales con un espíritu de diálogo, paz y respeto mutuo.
La preocupación de los prelados bolivianos se fundamenta en la deplorable situación los derechos humanos y la manipulación de la administración de justicia que se está viviendo en el país. Situaciones que han causado tensiones y divisiones entre la población y han sumido en el dolor a muchas familias.
Los representantes de la Iglesia advirtieron que la vulneración del Estado de Derecho en Bolivia se hace evidente en la utilización del sistema judicial como una herramienta de revancha para quienes ejercen el poder; lo que representa un desconocimiento total de la independencia de poderes, cometiendo un atentado contra la democracia y dejando en un estado de indefensión y sufrimiento a muchos ciudadanos.
En este orden de ideas la Iglesia boliviana recordó que no se puede aceptar que en un país democrático el 75% de la población carcelaria se encuentre sin sentencia y los privados de la libertad sobrevivan en condiciones infrahumanas. “No olvidemos que la vida y la dignidad de toda persona son derechos fundamentales e inalienables y que todos debemos respeto y sumisión a la verdad de los hechos,” precisaron.
Los prelados advirtieron que no se pueden seguir ignorando los derechos fundamentales reconocidos por la constitución política. Entre ellos está el principio de presunción de inocencia o su uso arbitrario, por lo que insistieron en que “todos tienen el derecho al respeto de su dignidad y su vida, incluso quienes están cumpliendo una pena aplicada de modo justo”.
Fuente: Celam
Deja una respuesta