Aunque tarde, la comunidad kukama de Cuninico y otras vecinas podrían ver en los próximos meses cómo cambia su situación en caso se declarare fundada la demanda de cumplimiento que presentaron contra la empresa Petroperú y otras seis entidades del Estado, por el derrame de dos mil 500 barriles de petróleo sobre su territorio, ocurrido en junio del 2014, en el distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto.

La decisión del caso se encuentra en manos de la titular del Juzgado Mixto de Nauta, Beatriz Velásquez Condori, quien la mañana del lunes 13 de febrero escuchó los alegatos de las partes en una audiencia a la cual asistieron solo dos representantes del lado del Estado: el procurador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el abogado de Petroperú.

No asistieron el Ministerio de Salud (MINSA), el Gobierno Regional de Loreto, la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), y el Instituto de Defensa Civil (Indeci), en quienes las comunidades también encuentran responsabilidad por la situación de desprotección que hoy afrontan.

Pese a ello y al largo tiempo transcurrido, la posibilidad de que encuentren justicia –muy esquiva hasta ahora– se abre camino. Las comunidades denunciantes son Cuninico, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa y San Francisco.

Los argumentos a su favor podrían conducir principalmente a dos medidas concretas: que se cumpla con remediar completamente las zonas dañadas y que se compense a la población afectada, explica Henry Carhuatoco, abogado del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y del Desarrollo Sostenible (IDLADS), que junto al Instituto de Defensa Legal (IDL) llevan la defensa del caso del lado de las comunidades.

Flor de María Paraná Vásquez, madre de Cuninico, cuestionó ante la magistrada que el Estado no haya cumplido con brindar atención médica a las comunidades. Denunció también que hasta ahora consumen pescado contaminado, producto del crudo que todavía se puede encontrar en la quebrada que recibió el tóxico el 2014.

“Quisiera que (Petroperú) se vaya una semana, para que sientan cómo nosotros vivimos en nuestra comunidad. Para que ellos vean qué cosa estamos tomando, qué cosa estamos comiendo y cómo estamos viviendo (…), como madre estamos matando a nuestros niños, a nuestros hijos, a nosotros mismos”.

Medidas determinantes y la negación frente a la evidencia

El derrame en la quebrada de Cuninico marcó el estallido de una larga serie de denuncias por derrames que tuvieron como origen el Oleoducto Norperuano, que opera la estatal Petroperú. En el caso de Cuninico la empresa se defendió señalando responsabilidad en los propios comuneros, a los que acusó de cortar a propósito el ducto.

El tema quedó zanjado con la Resolución Directoral N° 844-2015-OEFA/DFSAI, en la cual, explica Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del IDL, “por primera vez el OEFA reconoce que no se hizo mantenimiento interno y externo al Oleoducto Norperuano”.

Más tarde, en febrero de 2016, a través de una nueva resolución directoral (R.D. N° 012-2016-OEFA/DFSAI), el OEFA ordenó a Petroperú “el mantenimiento efectivo, inmediato e integral respecto de aquellas secciones del ducto que no han sufrido un deterioro severo o significativo”, y su reemplazo “respecto de aquellas secciones que han sufrido un deterioro severo o significativo.”

De este modo “se pasa de la tesis del sabotaje a la tesis de la grave negligencia del Estado por la falta de mantenimiento del ducto”, argumenta Molleda.

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Jorge Soyer Lopez, abogado de Petroperú. Foto: CAAAP

No obstante, para sorpresa de la sala, la tesis inicial de Petroperú resurgió en las palabras de Jorge Soyer, abogado de Petroperú, quien señaló refiriéndose a los derrames del 2016 (más de diez) que estos son causados por las propias comunidades.

“El año pasado nos han cortado la tubería diez veces (…) ellos mismos (los nativos) han producido la contaminación, porque nosotros estamos con el oleoducto parado desde febrero del año pasado”, acusó ante la magistrada.  En la versión del abogado, el Oleoducto “no es viejo, es de acero, soporta bastante, y soportará 40 años más (la tubería data de los años 70)”.

Consultado sobre la existencia de un cronograma, exigido en su momento por el OEFA, donde Petroperú debió detallar las acciones que iba adoptar para el mantenimiento y reemplazo del oleoducto, el abogado sostuvo que “esa no es atribución del OEFA, sino del Osinergmin”. Añadió, sin brindar mayores explicaciones, que dicho cronograma existe pero que “no es de conocimiento público”.

Ante la sala, descartó que el crudo que se transporta por el ducto lleve las sustancias tóxicas que señala la defensa de las comunidades. “El hidrocarburo que sale de la selva no tiene cadmio, mercurio, ni arsénico. Los hidrocarburos pesados solo tienen azufre y sal”, aseguró.

Limpieza aún es parcial

Pese a la insistencia del OEFA, Petroperú no habría cumplido con la limpieza total de la zona impactada en 2014. Así lo dieron a conocer varios dirigentes nativos durante la audiencia. En junio de 2016 el organismo ambiental impuso a la empresa una multa de más de 10 millones de soles “por incumplir la medida de remediación ambiental dictada en setiembre del 2015”.

Según explica Carhuatocto, del IDLADS, “la empresa tampoco ha cumplido con informar a las comunidades sobre las razones de por qué se produjo el derrame, y los impactos reales a su salud y al ambiente”.

Wadson Trujillo, apu de Cuninico, remarcó que a la fecha el Estado no cumple con la atención en temas de salud y la entrega de agua en buen estado. “Nos piden censos actualizados y no obtenemos resultados positivos”, señaló.

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Wadson Trujillo, apu de Cuninico. Foto: CAAAP

Respecto al cálculo de la reparación a los afectados, la defensa de las comunidades expuso que el Ministerio del Ambiente cuenta con instrumentos que permiten hacer dicho cálculo. Antes de que culmine marzo se espera la sentencia de la magistrada Velásquez Condori.

En algunos días, entre el 21 y 24 de este mes, Cuninico recibirá la visita de Paulo Vannuchi, relator para Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte de una invitación que le hizo el Estado por presión, principalmente, de organizaciones de la sociedad civil. Durante su visita inspeccionará cuánto el Estado ha avanzado en la remediación de los daños al ambiente y a la población.

 

 



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