El líder indígena de Nicaragua y miembro del partido originario Yatama, Mark Rivas, fue hallado muerto, el domingo 5 de enero, víctima de un disparo en la ciudad de Bilwi de la Región Autónoma Caribe Norte (RACN).

Mark Rivas era reconocido por ser un defensor comprometido de los derechos de los pueblos indígenas, dirigente y formador de jóvenes en la Moskitia y exasesor del Consejo de Ancianos de Moskitia en Nicaragua. Rivas, que también fue dirigente del Pri Laka —un movimiento de origen miskito y opositor al régimen de Daniel Ortega— había denunciado en setiembre pasado al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de establecer “autoridades comunitarias paralelas” para acentuar la invasión de territorios indígenas.

Este nuevo asesinato se suma a las 10 muertes que se vienen registrando contra personas de comunidades indígenas desde el 2016, cifra que alcanza los niveles más altos en las últimas dos décadas, específicamente en Brasil. Según datos vertidos por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en Brasil, de los 10 asesinatos, 7 han sido líderes indígenas.

Uno de los últimos conocidos fue el deceso de un joven indígena guajajara de 15 años, encontrado muerto con múltiples puñaladas el viernes 13 de diciembre en la Amazonía brasileña (Maranhao).

Aumento de la violencia

Según datos de la CPT, los asesinatos de personas indígenas representan un 37 % de todos los asesinatos en zonas rurales de este año, comparado con el 7 % de 2018. Y el 26% de todos los asesinatos se deben a conflictos territoriales.

Según datos parciales de Consejo Indigenista Misionero, CIMI, el año pasado las invasiones de tierras en los territorios indígenas se duplicaron con creces. Más de 153 terrenos han sido invadidos, con más de 160 casos registrados en los primeros nueve meses de 2019.

Los activistas aseguran que el largo historial de racismo y comentarios antindígenas de Bolsonaro habrían empoderado a los acaparadores de las tierras y a los madereros para que invadan los territorios indígenas sin temor a represalias. “Está apoyando abiertamente la exploración agroindustrial y de las empresas mineras, lo cual posiciona a la población indígena como enemiga del progreso del país y del desarrollo”, dijo Antônio Eduardo Cerqueira, secretario ejecutivo del CIMI.

Los defensores del medio ambiente y los funcionarios públicos también han sido atacados y asesinados el año pasado. En marzo, una importante activista medioambiental Dilma Ferreira Silva fue asesinada en Pará donde su lucha contra las presas hidroeléctricas la convirtió en objetivo. En noviembre, Maxciel Pereira dos Santos fue ejecutado delante de miembros de su familia en el estado de Amazonas. Siempre había trabajado como funcionario en FUNAI, la agencia indígena de Brasil.

El caso peruano

En las comunidades indígenas del Perú también se han reportado casos de asesinatos de líderes indígenas, como ocurrió en abril del 2018 con la muerte de la defensora de los derechos culturales del pueblo shipibo konibo, Olivia Arévalo, quien fue asesinada de cinco disparos en el pecho por sujetos desconocidos, en la comunidad “Victoria Gracia”, ubicada a 20 minutos de la localidad de Yarinacocha, Ucayali.

De otro lado, en abril del 2019, se registró el deceso del misionero y líder ambientalista Paul McAuley. Su cuerpo fue encontrado por sus alumnos en la ciudad de Iquitos y presentaba quemaduras en todo el cuerpo.
Con información de Servindi y Mongabay

 



Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.