En una carta firmada el sábado 7 de noviembre, los frentes de defensa y otras organizaciones sociales de siete provincias (Cotabambas, Abancay, Antabamaba, Grau, Chincheros, Andahuaylas, Aymaraes) y  87 distritos de la región Apurímac dieron a conocer lo acordado en la reunión de la provincia de Abancay sobre el canon minero Las Bambas, llevada a cabo el 4 de noviembre.

En primer lugar, en la misiva expresan al Gobierno Central, Gobierno Regional, al Congreso, a los ministros y a la empresa minera MMG, su rechazo ante el endeudamiento del canon minero, promovida por el gobierno de Apurímac. “La sociedad civil organizada de Apurímac solicita el pago inmediato del canon minero por parte de la empresa minera conforme al contrato suscrito entre el Ejecutivo y la empresa MMG Las Bambas, el año 2016”.

Los frentes de defensa de Apurímac indican que la empresa MMG viene postergando el canon minero desde el 2016. Y ahora pretenden hacerlo en el 2021. Como consecuencia, dicen, “la agricultura, salud, educación, etc., en toda la región están abandonadas”.

Asimismo, piden la urgente derogatoria de la ley “Depreciación anticipada” de las regalías del canon minero.

En el comunicado, recuerdan que la minería es una actividad industrial considerada una de las más agresivas a nivel social, ambiental y cultural, pues genera impactos en la superficie, en el paisaje natural y cultural, contaminación del aire, afecta también a las aguas superficiales, subterráneas y freáticas, impactos considerables en flora y fauna, en el micro clima y en las poblaciones.

De igual modo, la minería a cielo abierto utiliza de manera intensiva grandes cantidades de cianuro, sustancia sumamente tóxica que permite recuperar el oro del resto del material removido. Pese a que en muchos países se ha prohibido el uso de cianuro en la minería, tal es el caso de diversos estados de Estados Unidos, Turquía, la República Checa, Argentina, entre otros.

Finalmente, señalan que “si bien la minería responsable y honesta puede traer beneficios económicos a los habitantes de las zonas y/o regiones donde se explotan, estos beneficios no se perciben en nuestros pueblos, más aun roban nuestras riquezas, contaminan nuestras aguas, envenenan nuestros animales, se apropian nuestras tierras, compran a delincuentes: políticos, ministros, congresistas, jueces, fiscales y medios de comunicación, sobornando con montos muy significativos, para despojar de sus tierras al campesinado”.

Información enviada por Olga Mamani, observadora colaboradora de Moquegua



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