En los últimos años nos hemos acostumbrado a hablar sobre todo de los conflictos sociales que ocurren en zonas alejadas de los principales centros urbanos. Disputas por grandes proyectos de inversión, sobre todo extractivos, denuncias de comunidades, tomas de carretera, enfrentamientos con la policía, problemas ambientales, tensión extrema entre autoridades y poblaciones enteras, son situaciones que se han repetido en el interior del país. Los más notorios han sido los conflictos en las zonas de influencia de la minería.

Por supuesto que esto no quiere decir que no hayan habido importantes conflictos urbanos. Algunos ejemplos: la población del Cusco, protestando por el impacto de la construcción de un edificio en la zona monumental de la ciudad; el caso del by pass de 28 de julio; la vía expresa y el peaje Kouri en el Callao, el intercambio en la avenida Universitaria y por supuesto La Parada y Cantagallo, son sólo algunos casos. Sin embargo está claro que los más sostenidos y los más visibles han sido los primeros.

¿Cuáles son las coincidencias entre la población del Valle de Tambo marchando en plena carretera en contra del proyecto minero Tía María y la de Puente Piedra en contra del peaje? ¿Cuáles son las diferencias y qué lecturas se hacen de los conflictos?

Un primer tema relevante es la manera como se manejan mediáticamente los conflictos y cómo se presenta el carácter de los mismos. Lo cierto es que en muchos casos, la lejanía de los centros de poder político, económico y también informativo, facilita la tarea de los que buscan deslegitimar las demandas de los actores en conflicto: una población alejada de Lima, puede ser presentada con mayor facilidad como irracional, violentista, anti inversión y hasta casi terrorista.

Esta suerte de caricatura del conflicto, que busca deslegitimar las demandas y a sus actores, se difunde con mucha facilidad en los grandes medios de comunicación y se presenta como la verdad absoluta y la narrativa “oficial” aceptada del conflicto. Hasta ahora circulan y se pretenden imponer versiones tremendamente parcializadas de conflictos emblemáticos, como los casos de Tambogrande, Quilish, Río Blanco, Conga, Bagua y Tía María, entre otros.

En el debate mediático se intenta ganar terreno apelando a las emociones y a los sentimientos de una supuesta agresión a los intereses del país, al mismo tiempo que se dejan de lado hechos objetivos, sobre todo los referidos a la afectación de derechos, situaciones de asimetría, etc.: el concepto de la post verdad también se puede aplicar perfectamente a la narrativa de los conflictos.

Si bien en la ciudad el esquema busca repetirse, es más difícil que se pueda sostener en el tiempo. La afirmación de que Puente Piedra se había llenado de infiltrados, violentistas e integrantes del Movadef, que además aparecen y se reproducen de la noche a la mañana -y que milagrosamente los servicios de inteligencia comienzan a identificar-, puede funcionar en un inicio pero no por mucho tiempo.

En la medida que la información fluye y el análisis se afina con los propios datos de una realidad próxima, la orientación de la opinión comienza a cambiar. En la semana siguiente al estallido en Puente Piedra, los editoriales y artículos de opinión en la prensa concentrada, han tenido que bajar el tono y han comenzado a reconocer no sólo la justificación de la indignación de la gente, sino también algunos de los temas de fondo: lo absurdo de los contratos de concesiones, las cláusulas leoninas, la escandalosa rentabilidad de las empresas concesionarias, la ubicación de los peajes, temas de corrupción, etc.

En cualquier situación, en la ciudad o en el campo, decir que todos los conflictos se deben a que un agitador o más, llegaron a la zona y se produce el estallido social, es una afirmación tremendamente simplista, que se repite una y otra vez con mucha ligereza e irresponsabilidad. La tesis del complot, aparte de superficial es tremendamente peligrosa: apunta a afirmar que detrás de los conflictos no hay ninguna agenda legítima y que sólo se trata de agendas oscuras o subalternas que pretenden imponerse.

Pero además, la tesis del complot termina justificando las respuestas autoritarias a los conflictos: los estados de emergencia, la militarización y la criminalización de la protesta, según sea el caso, es la opción que se promueve frente a la necesidad de fortalecer prácticas y una institucionalidad democrática para precisamente procesar las demandas sociales. De esta forma, no sólo se ignoran las bases objetivas que están a la base de los conflictos, sino que un conflicto social se transforma o se reduce a una suerte de problema de orden público y así se intenta justificar la estrategia dura, para precisamente restablecer el orden público.

Pero en el campo y en la ciudad también se nota otro gran problema. La carencia total de una estrategia de parte del Estado peruano para hacer frente a la creciente y compleja conflictividad social. Una de las características de los últimos gobiernos -para hablar solo del período democrático- es que al inicio de sus respectivas gestiones, todos han tenido que enfrentar conflictos sociales de envergadura: en el gobierno de Toledo fue el arequipazo; García con Combayo en Cajamarca; Humala y el caso del proyecto Conga también en Cajamarca, y ahora, Kuczynski con Las Bambas, Saramurillo, Andahuaylas y ahora Puente Piedra. Ningún gobierno ha tenido la capacidad de modificar el usual modus operandi que ha priorizado la respuesta caso por caso, interviniendo casi siempre cuando los conflictos entran en la fase de escalada y extrema polarización y recurriendo a apresurados espacios de negociación y acuerdos que por lo general no se pueden cumplir ni sostener en el tiempo y que sólo postergan el conflicto y un nuevo estallido. Allí siguen haciendo cola y en estado de latencia varios de los casos señalados.

La falta de un sistema nacional que haga frente a la conflictividad social y que permita procesar los casos, es clamorosa. Si uno revisa regularmente los informes de la Defensoría del Pueblo, va a encontrar con mucha anticipación los conflictos que luego “sorprenden” a nuestros gobernantes y ocupan por unos días las primeras planas de los medios. Conga, Las Bambas, Tía María, Bagua y por supuesto Puente Piedra, fueron en su momento plenamente identificados como conflictos latentes y hasta activos, mucho antes que el estallido social se produjera.

Lo que el país necesita en realidad es un verdadero sistema nacional de conflictos que tenga por lo menos tres requisitos básicos: un mecanismo preventivo que permita procesar adecuadamente demandas sociales; una capacidad de intervención multisectorial de parte del Estado, liderada -no queda otra- por la Presidencia del Consejo de Ministros y por supuesto un claro enfoque de derechos, que, por ejemplo, reconozca que los territorios donde se desarrollan las inversiones no son espacios vacíos y que identifique la posible afectación de derechos de poblaciones enteras, tanto urbanas como rurales, por la puesta en marcha de determinados proyectos.

Pese a la percepción negativa que conllevan, los conflictos sociales no deben ser entendidos como malos per se; en todo caso también deberían ser interpretados como estados de alerta; luces rojas que cada cierto tiempo se prenden y se apagan y que le están diciendo a un país que algo no funciona bien. Por ejemplo, en el caso del Perú, los conflictos asociados a grandes inversiones nos están diciendo que las reglas de juego vigentes por más de dos décadas se han agotado y deben ser reviEDITORIAL Foto: Reuters sadas. Esto conviene al Estado peruano, a las poblaciones y por supuesto también a los inversionistas privados.

Los conflictos en nuestro país y los graves problemas de corrupción que se están destapando con el caso Odebrecht, muestran también que los sistemas de concesiones y las propias asociaciones público-privadas, necesitan con urgencia correctivos. Como lo señala José Luis Guasch (El Comercio del 17/01/2017) “el contexto en el cual las asociaciones público-privadas (APP) se han desarrollado (en el Perú y en muchos países) propiciaba las oportunidades para prácticas corruptas”. La imposición de obra pública mal diseñada, sin rigurosidad en los estudios de prefactibilidad, sin mecanismos de transparencia y aprobadas de manera expeditiva – entre otras cosas gracias a la campaña en contra de “tramitología”, que en los últimos años se ha traído abajo regulaciones de todo tipo-, también es hoy en día fuente de conflictividad social.

Como señala el académico británico, Anthony Bebbington, si bien los conflictos pueden producir escenarios complejos y conducir a un país a situaciones de entrampamiento, también pueden forzar cambios institucionales y políticos que permitan formas más efectivas y equitativas de convivencia en una sociedad. Este es en gran medida uno de los retos que tenemos por delante: la lectura correcta debería ser la del conflicto como una oportunidad para aplicar correctivos y avanzar como país.

(Análisis editorial vía CooperAcción / Foto El Popular)

 



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