El proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, Arequipa, que sirve como vía de salida hacia Cusco, Puno y el cañón del Colca, no ha sido bien recibido por un sector de pobladores de la zona. Como muestra de su desaprobación, ciudadanos de la zona norte de Arequipa realizaron una manifestación exigiendo al gobierno que se detenga la obra de la Southern Copper Corporation
En la última semana de abril, ante la inacción estatal, las protestas se intensificaron. Un grupo de agricultores intentó tomar el puente de Añashuayco. Alrededor de mil policías impidieron este acto lanzando bombas lacrimógenas. Los manifestantes respondieron tirando piedras y palos, y los efectivos empezaron a disparar contra ellos. Como resultado hubo 16 heridos y la muerte de Víctoriano Huayta, agricultor de 61 años, quien falleció mientras era atendido en el Hospital Manuel Torres Muñoz de Mollendo. Las autoridades médicas confirmaron que su deceso fue causado por impactos de perdigones en su pierna. Por su parte, el alcalde del distrito de Cocachacra, Elard Valencia denunció abusos por parte de los policías que reprimieron a los manifestadores.
Otro hecho que ha causado polémica es un video que muestra cómo uno de los policías “siembra” un arma en manos de uno de los pobladores detenido en la protesta. En la filmación se observa como uno de los efectivos se acerca el manifestante para entregar a la fueza, un arma punzocortante conocida como “miguelito”. En el video también se aprecia que un fotógrafo del diario Correo de Arequipa corre para tomar una foto del detenido con el arma.
A raíz de estos hechos el Ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, anunció el relevo de 280 agentes de la División de Operaciones Especiales (DINOES) que llegaron a Islay. “Todas las personas que hayan desobedecido las órdenes tienen que ser juzgadas, no solo por el fuero común, sino también en el fuero privativo y no solamente por desobediencia a la autoridad, sino además, de acuerdo a la acusación fiscal, hasta por homicidio”, dijo.
Además, el funcionario confirmó que las nuevas autoridades situadas en dicha zona tienen prohibido el uso de armas letales. Solo se les permite usar gases lacrimógenos y balas de goma. Sin embargo, la huelga sigue en pie. El dirigente del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, afirmó que el paro continúa y propone que el Gobierno dialogue con los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia, Punta de Bombón y Mejía, afectados por el proyecto minero, para definir el futuro de Tía María.
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